Con la introducción de Segundos Auxilios en abril de 2026, las empresas deben estar a la altura de un nuevo nivel de exigencia. La normativa de prevención de riesgos laborales vigente obliga ya al empresario a cubrir tres carencias en el apoyo inmediato en salud mental en el lugar de trabajo que hasta ahora no tenían una solución viable.
Importante
Esta página no describe una «obligación legal de disponer de Segundos Auxilios». Describe la «obligación legal de cubrir tres carencias de seguridad y salud hasta ahora sin resolver», para las que existe una solución viable desde abril de 2026.
El deber legal
El deber legal se resume en tres hechos que deben conocer las empresas y quienes trabajan en recursos humanos, prevención de riesgos laborales y derecho laboral.
- La ley establece que, cuando un riesgo para la seguridad y la salud puede abordarse con una solución viable, el empresario tiene la obligación legal de hacerlo.
- En abril de 2026 se introdujo Segundos Auxilios para cubrir tres carencias críticas de seguridad y salud en el lugar de trabajo que seguían sin resolver.
- Ahora que existe una solución viable, el empresario tiene la obligación legal de cubrir estas tres carencias en virtud de la legislación vigente.
Las leyes de seguridad y salud en el trabajo de todo el mundo comparten el principio del punto 1. La redacción varía de un ordenamiento a otro, como se expone más abajo en Lo que dice la ley, pero el deber es el mismo.
Lo que se considera una solución viable no es algo fijo. Una solución que antes no existía, resultaba prohibitivamente cara o era poco práctica pasa a ser una opción realista a medida que evolucionan la tecnología y las infraestructuras. Por eso la obligación del punto 3 se aplica ya. Las tres carencias se exponen más abajo en Carencias que ahora pueden abordarse.
Carencias que ahora pueden abordarse
Es posible que las organizaciones ya ofrezcan información sobre salud mental, asesoramiento psicológico, programas de asistencia al empleado (PAE), personas formadas en Primeros Auxilios en Salud Mental u otros servicios de apoyo. Estas medidas pueden ser valiosas, pero quizá no cubran todas las situaciones previsibles.
La evaluación Workplace Mental Health & Safety Assessment: Support & Response, publicada por WMHSA, identifica varias necesidades diferenciadas de apoyo y respuesta. Tres de ellas son especialmente relevantes para Segundos Auxilios.
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1No querer o no poder pedir ayuda
Una persona trabajadora puede necesitar apoyo y, sin embargo, no querer o no poder revelar su malestar ni pedir ayuda a otra persona. En ese caso, es posible que nunca llegue a recurrir a un apoyo que exige revelar la situación o pedir ayuda, y que el malestar continúe o se agrave.
41 % de las personas adultas en EE. UU. no se sienten cómodas pidiendo ayuda1Segundos Auxilios ofrece un apoyo útil de forma privada, sin necesidad de revelar nada ni de pedir ayuda a otra persona.
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2Malestar agudo en el lugar donde se produce
Una persona trabajadora puede sufrir un episodio de malestar agudo o un ataque de pánico que requiera una estabilización inmediata en el lugar donde se produce. Es posible que en ese momento no esté disponible el apoyo programado o el que depende de otra persona, y que el malestar agudo se agrave.
11,2 % de las personas adultas en EE. UU. sufren ataques de pánico2Segundos Auxilios ofrece una herramienta de autoestabilización siempre visible en el lugar donde se necesita, sin registro, sin revelar nada y sin datos personales.
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3A la espera de asistencia profesional
Una persona trabajadora puede necesitar asistencia profesional y tener que esperar a que esté disponible; durante ese tiempo, el malestar puede continuar o agravarse.
Segundos Auxilios ofrece un apoyo de estabilización accesible de inmediato mientras no se dispone de asistencia profesional.
Corresponden a los ítems 4, 5 y 8 de la evaluación Support & Response de WMHSA (véase Evaluaciones de riesgos actualizadas).
Lo que dice la ley
En España, el deber básico del empresario está redactado en términos generales y se mide con lo que permite la evolución de la técnica. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social confirma además que este deber se extiende a los riesgos psicosociales.
España
«El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.»
«En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, [...]»
«El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el artículo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: a) Evitar los riesgos. b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. c) Combatir los riesgos en su origen. [...] e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. [...]»
La ley española no limita este deber con una fórmula como «en la medida en que sea razonablemente factible» ni con un análisis coste-beneficio, y el coste no figura en ella como límite. Su redacción es más exigente: el empresario «deberá garantizar» la seguridad y la salud de los trabajadores y adoptar «cuantas medidas sean necesarias». Ese deber se mide con el estado de la técnica (art. 15.1.e), por lo que avanza a medida que aparecen nuevas medidas, y el artículo 14.2 obliga además al empresario a adaptar sus medidas de prevención a las modificaciones de las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.
En términos sencillos: cuando la evolución de la técnica pone a su alcance una medida viable que reduce un riesgo, el empresario debe tenerla en cuenta y adaptar sus medidas preventivas. Ahora que existe una medida viable para las tres carencias de apoyo inmediato, hacerlo forma parte de este deber.
La ley no contiene un artículo específico sobre riesgos psicosociales, pero estos quedan cubiertos por sus disposiciones generales. Entre las condiciones de trabajo incluye las características del trabajo «relativas a su organización y ordenación» (art. 4.7.º.d), y exige planificar la prevención integrando en ella «la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo» (art. 15.1.g). La Inspección de Trabajo y Seguridad Social lo confirma en su guía de actuación sobre factores psicosociales:
«Al igual que en la mayoría de los países europeos, en España no contamos con legislación específica sobre los riesgos psicosociales. Sin embargo, sí existe una interpretación común de todas las inspecciones europeas respecto a la inclusión tácita e implícita de estos riesgos en las disposiciones generales de la Directiva Marco 89/391/CEE y las normas que la trasponen, en nuestro caso la LPRL.»
La misma guía califica como infracción grave no realizar la evaluación de los riesgos psicosociales (art. 12.1.b de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social). El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) publica orientaciones sobre la evaluación de riesgos psicosociales y el estrés laboral.
El artículo 16.2.a de la ley obliga al empresario a realizar una evaluación inicial de los riesgos, que «será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo», y el artículo 16.2.b exige modificar las actividades preventivas cuando resulten inadecuadas a los fines de protección requeridos. El Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997) exige volver a evaluar los puestos de trabajo afectados, entre otros casos, por «la introducción de nuevas tecnologías» (art. 4.2.a), y revisar la evaluación cuando los controles periódicos muestren que las actividades de prevención pueden ser «inadecuadas o insuficientes» (art. 6).
La normativa de prevención protege a las personas trabajadoras. Los daños a otras personas, como estudiantes, pacientes, clientes o visitantes, se rigen principalmente por la responsabilidad civil general (artículos 1902 y 1903 del Código Civil). Además, el artículo 20 de la Ley 31/1995 obliga al empresario a adoptar las medidas de emergencia necesarias «en materia de primeros auxilios» teniendo en cuenta «la posible presencia de personas ajenas» a la empresa.
España prepara una reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que incluiría de forma expresa los riesgos psicosociales. Por ahora no es ley: las obligaciones descritas en esta página se derivan de la legislación vigente.
Unión Europea
La Ley 31/1995 transpone al Derecho español la Directiva Marco 89/391/CEE, que establece el mismo deber para todos los Estados miembros:
«El empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo.»
«El empresario deberá velar para que se adapten estas medidas a fin de tener en cuenta el cambio de las circunstancias y tender a la mejora de las situaciones existentes.»
«El empresario aplicará las medidas previstas en el párrafo primero del apartado 1 con arreglo a los siguientes principios generales de prevención: [...] e) tener en cuenta la evolución de la técnica; [...]»
En términos sencillos, la Directiva exige a los empresarios de toda la Unión Europea adaptar sus medidas de protección a la evolución de la técnica.
Otros ordenamientos
El Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por España en 1985, exige que los empleadores garanticen, «en la medida en que sea razonable y factible», que los lugares de trabajo sean seguros y no entrañen riesgo alguno para la salud. La misma fórmula figura en legislaciones nacionales como la Work Health and Safety Act 2011 de Australia, la Health and Safety at Work Act 2015 de Nueva Zelanda, la Safety, Health and Welfare at Work Act 2005 de Irlanda y la Workplace Safety and Health Act 2006 de Singapur. En el ámbito internacional, la norma ISO 45003:2021 y la Organización Mundial de la Salud (La salud mental en el trabajo) ofrecen orientación sobre los riesgos psicosociales, y la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) dedica una sección a los riesgos psicosociales y la salud mental en el trabajo.
La redacción y el alcance exactos varían de un ordenamiento a otro, y las organizaciones deben confirmar los requisitos aplicables en cada lugar donde implanten Segundos Auxilios.
Una medida viable desde abril de 2026
Segundos Auxilios es esa medida viable para las tres carencias, y no requiere que una persona formada la aplique. Por tanto, las organizaciones deben asegurarse de que sus medidas de apoyo y respuesta incluyan una opción inmediata y privada de autoestabilización.
La introducción de Segundos Auxilios en abril de 2026 hizo viable cubrir estas carencias: un código QR impreso, que se implanta de inmediato y con un coste mínimo, sin hardware, software ni formación del personal.
Con un papel equivalente al que desempeñan los Primeros Auxilios en la seguridad y la salud física, Segundos Auxilios cubre una parte concreta del deber más amplio en materia de seguridad y salud mental: el acceso inmediato a un apoyo de estabilización de uso autónomo cuando alguien sufre malestar emocional. No sustituye la prevención de condiciones de trabajo perjudiciales ni la asistencia profesional cuando esta sea necesaria.
Responsabilidad del empresario
Las organizaciones que no cubran las tres carencias cuando sea viable hacerlo, como exige la ley, se exponen a dos responsabilidades distintas:
Las organizaciones pueden ser multadas por el incumplimiento de la normativa de prevención.
Las organizaciones pueden ser demandadas por cualquier persona trabajadora que sufra un daño como consecuencia de ello.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social vigila el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales (art. 9 de la Ley 31/1995). Su personal inspector puede entrar sin previo aviso en cualquier centro de trabajo, examinar la documentación preventiva, requerir que se corrijan las deficiencias, ordenar la paralización de trabajos ante un riesgo grave e inminente y proponer sanciones, que impone la autoridad laboral competente, por lo general la de la comunidad autónoma. No realizar o no actualizar la evaluación de riesgos es una infracción grave, sancionada con multas de hasta 49.180 €, y las infracciones muy graves alcanzan los 983.736 € (artículos 12, 13 y 40 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social). Cuando la falta de los medios necesarios ponga en peligro grave la vida, la salud o la integridad física de las personas trabajadoras, el Código Penal prevé además penas de prisión de seis meses a tres años (art. 316).
La persona trabajadora perjudicada puede reclamar a la empresa una indemnización por daños y perjuicios ante la jurisdicción social, donde corresponde a la empresa probar que adoptó las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo (art. 96.2 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social). Con independencia de ello, las prestaciones derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional pueden aumentarse entre un 30 % y un 50 % a cargo del empresario infractor, que no puede asegurar este recargo (art. 164 de la Ley General de la Seguridad Social). Los trastornos mentales no figuran en el cuadro de enfermedades profesionales; se consideran accidente de trabajo cuando se prueba que el trabajo fue su causa exclusiva (art. 156.2.e de la misma ley).
El Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2025-2027 presta especial atención a los riesgos y daños para la salud relacionados con la exposición a riesgos psicosociales. Otros países europeos también refuerzan la inspección: en Alemania, desde 2026 las autoridades de inspección de trabajo deben inspeccionar cada año al menos el 5 % de los centros de trabajo, y pueden multar a las empresas que no cumplan las órdenes de evaluar y abordar los riesgos laborales, incluidos los psicológicos.3
Evaluaciones de riesgos actualizadas
Ahora que existe una medida viable, las evaluaciones de riesgos deben actualizarse para incorporarla. La evaluación Support & Response de WMHSA abarca diez ítems, cada uno de ellos calificado como controlado adecuadamente, parcialmente controlado o no controlado. Segundos Auxilios es una medida preventiva para los tres ítems destacados:
- Identificar el apoyo en salud mental disponible.
- Acceder a asistencia profesional.
- Acceder a una persona disponible que pueda intervenir.
- Obtener apoyo sin revelar la situación.
- Acceder a una estabilización inmediata durante un episodio de malestar agudo.
- Contactar con apoyo humano a distancia.
- Acceder a una intervención profesional urgente en crisis.
- Recibir apoyo mientras se espera asistencia profesional.
- Recibir apoyo después de un incidente traumático en el lugar de trabajo.
- Recibir apoyo continuado tras una ausencia o una limitación relacionadas con la salud mental.
Donde Segundos Auxilios esté implantado, regístrelo como medida preventiva para estos ítems, junto con su número de licencia, cuya vigencia puede comprobar cualquier persona (véase Verificar una licencia). Donde no lo esté, estos ítems siguen sin estar controlados.
Estas evaluaciones complementan, y no sustituyen, las evaluaciones más amplias de salud laboral y de riesgos psicosociales.
Más información: https://wmhsa.org

