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WMHSA: legislación y cumplimiento

Obligaciones del empresario, legislación aplicable, medidas viables, responsabilidad de la organización y la importancia de documentar la evaluación de riesgos.

La normativa de seguridad y salud en el trabajo establece la obligación de evaluar los riesgos pertinentes y de aplicar las medidas de protección adecuadas. La salud psicológica puede formar parte de estas responsabilidades. Los requisitos legales concretos varían según el ordenamiento jurídico, y la disponibilidad de una herramienta de apoyo concreta no basta por sí sola para determinar si una organización ha cumplido todas las condiciones legales. WMHSA ofrece un recurso práctico de evaluación para ayudar a las organizaciones a examinar sus mecanismos de apoyo.

Responsabilidades del empresario en prevención de riesgos laborales

La gestión de la seguridad y la salud en el trabajo comprende, por lo general:

  1. Identificar los peligros previsibles.

  2. Evaluar los riesgos que generan.

  3. Determinar las medidas preventivas adecuadas.

  4. Aplicar las medidas idóneas.

  5. Comprobar su eficacia.

  6. Revisar las medidas cuando cambien las circunstancias.

Estos principios se aplican tanto a los riesgos psicológicos pertinentes como a los peligros físicos. Las medidas adecuadas pueden incluir la prevención, cambios organizativos, formación, apoyo profesional, procedimientos de emergencia y otras medidas prácticas.

Una cuestión clave es si las medidas abordan adecuadamente el riesgo de que se trate. Una organización no demuestra necesariamente una protección adecuada solo con acreditar que existe una política. Sus medidas deben ser apropiadas a las circunstancias.

WMHSA está concebido para ayudar a las organizaciones a examinar una parte de esta responsabilidad: la disponibilidad práctica de apoyo y respuesta en materia de salud mental.

España

En España, la prevención de riesgos laborales se rige principalmente por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), y por el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales

El artículo 14 reconoce el derecho de las personas trabajadoras a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, que supone un correlativo deber del empresario de protegerlas frente a los riesgos laborales. El apartado 2 concreta ese deber:

«En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, [...]»

Artículo 14.2, Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales · Texto consolidado (BOE)

Este deber no se limita a las lesiones físicas visibles. La LPRL no contiene un artículo específico sobre riesgos psicosociales, pero estos quedan comprendidos en sus disposiciones generales: la ley considera condición de trabajo cualquier característica del trabajo, «incluidas las relativas a su organización y ordenación», que influya en la magnitud de los riesgos (art. 4.7.º.d), y exige planificar la prevención integrando en ella «la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo» (art. 15.1.g).

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social lo confirma en su guía de actuación sobre factores psicosociales:

«[...] las obligaciones generales previstas en esta ley, como las de gestionar los riesgos a través de su evaluación y planificación de medidas preventivas, son de directa aplicación a todos los sujetos obligados por la misma sin necesidad de que medie su desarrollo y concreción por vía reglamentaria.»

Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Guía de actuación inspectora. Factores psicosociales, septiembre de 2025 · Guía (PDF)

Personas ajenas a la plantilla

La normativa de prevención de riesgos laborales protege a las personas trabajadoras. No establece un deber general frente a terceros, aunque obliga al empresario a tener en cuenta «la posible presencia de personas ajenas» a la empresa al adoptar las medidas de primeros auxilios y de emergencia (art. 20 LPRL), y a coordinarse con otras empresas y trabajadores autónomos que desarrollen actividades en el mismo centro de trabajo (art. 24 LPRL). Los daños a otras personas, como alumnos, pacientes, clientes o visitantes, se rigen principalmente por la responsabilidad civil general (arts. 1902 y 1903 del Código Civil). Su aplicación depende de las circunstancias de cada caso.

Evaluación de riesgos

El artículo 16.2.a de la LPRL obliga al empresario a realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. Si la evaluación pone de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario debe realizar las actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos (art. 16.2.b). La evaluación debe mantenerse al día:

«La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido.»

Artículo 16.2.a, Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales · Texto consolidado (BOE)

El Reglamento de los Servicios de Prevención desarrolla esta obligación. Exige volver a evaluar los puestos de trabajo que puedan verse afectados, entre otros supuestos, por «la introducción de nuevas tecnologías» o por el cambio en las condiciones de trabajo (art. 4.2), y revisar la evaluación cuando se detecten daños para la salud o cuando los controles periódicos muestren que las actividades de prevención pueden ser inadecuadas o insuficientes (art. 6). La ley no fija un plazo general de revisión.

Riesgos psicosociales y estrés laboral

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), órgano científico técnico de la Administración General del Estado, publica orientaciones sobre la evaluación y la gestión de los riesgos psicosociales, entre ellas las Directrices básicas para la gestión de los riesgos psicosociales (2022) y el método de evaluación FPSICO. Estos instrumentos ayudan a las organizaciones a identificar y gestionar las causas del estrés laboral.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social considera que no evaluar los riesgos psicosociales constituye una infracción grave (art. 12.1.b de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social), y su Plan Estratégico 2025-2027 presta especial atención a la exposición a riesgos psicosociales.

Medidas necesarias y evolución de la técnica

El derecho español no limita el deber del empresario a lo «razonablemente practicable» ni prevé una ponderación entre el riesgo y el coste de las medidas. La LPRL exige garantizar la seguridad y la salud «en todos los aspectos relacionados con el trabajo» y adoptar «cuantas medidas sean necesarias». Además, el coste de estas medidas no puede recaer en modo alguno sobre los trabajadores (art. 14.5).

Ello no significa que deba adoptarse automáticamente cualquier precaución teóricamente posible: las medidas se determinan a partir de la evaluación de los riesgos y de la planificación de la actividad preventiva. Sin embargo, la aparición de medidas prácticas y eficaces es relevante para determinar lo que se espera de una organización. Entre los principios de la acción preventiva figura «tener en cuenta la evolución de la técnica» (art. 15.1.e), y el artículo 14.2 obliga al empresario a adaptar las medidas de prevención a las modificaciones de las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. Por tanto, cuando la evolución de la técnica pone a su alcance una medida que reduce un riesgo ya evaluado, el empresario debe tenerla en cuenta al adaptar sus medidas preventivas.

Relación con WMHSA

WMHSA puede ayudar a detectar carencias en los mecanismos de apoyo que forman parte de la gestión general de la prevención de riesgos laborales de una organización. No sustituye la evaluación de riesgos exigida por la ley ni la elección de las medidas preventivas adecuadas.

Fuentes oficiales:

Directiva Marco 89/391/CEE

La LPRL transpone al Derecho español la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. La Directiva fija el deber general del empresario en todos los Estados miembros de la Unión Europea:

«El empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo.»

«El empresario deberá velar para que se adapten estas medidas a fin de tener en cuenta el cambio de las circunstancias y tender a la mejora de las situaciones existentes.»

Artículos 5.1 y 6.1, Directiva 89/391/CEE · Texto consolidado (EUR-Lex)

Entre los principios generales de prevención, el artículo 6.2 incluye «tener en cuenta la evolución de la técnica». La LPRL recoge estos principios en sus artículos 14 y 15.

Marcos internacionales

La salud y la seguridad psicológicas en el trabajo se abordan mediante diversos marcos internacionales y normativas nacionales.

Organización Internacional del Trabajo

El Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155), de la OIT establece un marco internacional para la seguridad y la salud en el trabajo. España lo ratificó en 1985.

La OIT reconoce también los peligros psicosociales y la importancia de incorporarlos a la gestión de los riesgos en el lugar de trabajo.

ISO 45003

La norma ISO 45003:2021 ofrece directrices para gestionar los riesgos psicosociales dentro de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo basado en la ISO 45001. Aborda la gestión de los riesgos asociados a la organización del trabajo, los factores sociales y el entorno de trabajo.

La ISO 45003 es una guía, no un requisito legal universal. Su valor en una organización o en un ordenamiento jurídico depende de las disposiciones y leyes aplicables.

Organización Mundial de la Salud
Las directrices de la OMS sobre salud mental en el trabajo formulan recomendaciones sobre intervenciones organizativas, formación de los mandos y del personal, apoyo individual y reincorporación al trabajo.
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
La EU-OSHA publica información y orientaciones sobre los riesgos psicosociales y la salud mental en el trabajo para los Estados miembros de la Unión Europea.
Requisitos nacionales

Cada país puede establecer obligaciones adicionales a través de su normativa de seguridad y salud en el trabajo, la legislación laboral, la regulación sanitaria u otros marcos aplicables.

Las organizaciones que operan en varios países deben evaluar los requisitos aplicables en cada uno de ellos.

WMHSA puede servir como recurso práctico complementario, pero no sustituye la evaluación del cumplimiento propia de cada ordenamiento jurídico.

Medidas viables y expectativas cambiantes

La gestión de riesgos debe tener en cuenta las medidas razonablemente disponibles. Las nuevas tecnologías, la mejora de las infraestructuras y los cambios en los costes pueden influir en lo que las organizaciones son capaces de aplicar.

Una carencia de apoyo que antes era difícil de cubrir puede resultar más abordable cuando aparece una solución práctica.

Por ejemplo, una organización puede haber dependido hasta ahora por completo de personal formado y de servicios profesionales para prestar asistencia en materia de salud mental. La disponibilidad de herramientas privadas de estabilización de uso autónomo añade otra posible medida para las situaciones en que una persona no puede o no quiere pedir ayuda.

La introducción de Segundos Auxilios en abril de 2026 es pertinente para las tres carencias de apoyo señaladas en los ítems 4, 5 y 8 de WMHSA. Como se accede a Segundos Auxilios mediante un código QR impreso y una aplicación web, puede implantarse sin equipos físicos específicos y sin que el personal tenga que dirigir sus ejercicios. Esto puede convertirlo en una medida práctica en los entornos adecuados.

No obstante, la existencia de una opción viable es solo un elemento de la gestión de riesgos. La organización debe seguir teniendo en cuenta:

  • El riesgo previsible
  • Las posibles consecuencias
  • La eficacia de las medidas existentes
  • La idoneidad de la medida propuesta
  • Las obligaciones legales aplicables
  • La aplicación práctica y la accesibilidad
  • Otras alternativas viables y eficaces

Cuando una obligación legal exige controlar un riesgo, la disponibilidad de una solución práctica puede reforzar los argumentos a favor de aplicar una medida eficaz.

La evaluación debe centrarse en lograr una protección adecuada.

Responsabilidad de la organización

No evaluar o no controlar adecuadamente los riesgos laborales pertinentes puede tener consecuencias jurídicas. Según el ordenamiento jurídico y las circunstancias, estas pueden incluir:

  • Actuaciones de la Inspección de Trabajo
  • Requerimientos de subsanación
  • Sanciones
  • Reclamaciones judiciales
  • Responsabilidad indemnizatoria
  • Otras consecuencias jurídicas u organizativas

En España, en concreto:

  • El personal inspector de Trabajo y Seguridad Social puede entrar sin previo aviso en los centros de trabajo, requerir la subsanación de las deficiencias, iniciar un procedimiento sancionador y ordenar la paralización inmediata de los trabajos ante un riesgo grave e inminente (Ley 23/2015, arts. 13 y 22; LPRL, arts. 43 y 44). Las multas las impone la autoridad laboral competente.
  • No realizar las evaluaciones de riesgos o sus actualizaciones y revisiones, o no llevar a cabo las actividades de prevención que estas hagan necesarias, constituye una infracción grave (art. 12.1.b de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social), sancionable con multa de hasta 49.180 €. Las infracciones muy graves en materia de prevención se sancionan con multas de hasta 983.736 € (art. 40.2).
  • Las prestaciones de la Seguridad Social derivadas de un accidente de trabajo o enfermedad profesional se incrementan entre un 30 y un 50 % cuando no se han observado las medidas de seguridad y salud. Este recargo lo paga directamente el empresario y no puede asegurarse (art. 164 de la Ley General de la Seguridad Social).
  • La persona trabajadora perjudicada puede reclamar al empresario una indemnización por daños y perjuicios ante la jurisdicción social. En estos procesos corresponde al empresario probar que adoptó las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo (art. 96.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción social).
  • Quienes, con infracción de las normas de prevención y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad adecuadas, de forma que pongan en peligro grave su vida, salud o integridad física, pueden incurrir en responsabilidad penal (arts. 316 a 318 del Código Penal).

En el caso de los daños psicológicos, los trastornos mentales no figuran en el cuadro de enfermedades profesionales. Una enfermedad contraída con motivo del trabajo puede calificarse como accidente de trabajo si se prueba que tuvo por causa exclusiva la ejecución de este (art. 156.2.e de la Ley General de la Seguridad Social).

La existencia de responsabilidad depende de la legislación aplicable y de los hechos. Entre las consideraciones relevantes pueden figurar si el riesgo era previsible, qué obligaciones eran aplicables, si existían precauciones adecuadas y si el incumplimiento contribuyó al daño alegado.

WMHSA puede ayudar a las organizaciones a identificar los mecanismos de apoyo que deben examinarse. Sus resultados también pueden formar parte de la documentación de las decisiones de gestión de riesgos de la organización.

Sin embargo, una calificación A, P o U no constituye por sí misma una valoración jurídica. La evaluación debe tratarse como un recurso práctico y no como un sustituto del asesoramiento jurídico profesional.

Las organizaciones que no abordan los riesgos para la seguridad y la salud que están legalmente obligadas a controlar pueden ser objeto de medidas de la Inspección de Trabajo y de sanciones, y responder de los daños resultantes.

Documentación del cumplimiento

La documentación ayuda a demostrar qué ha evaluado una organización y cómo ha respondido a los resultados. Entre los registros útiles pueden figurar:

  • Fecha y alcance de la evaluación
  • Persona responsable
  • Medidas existentes
  • Pruebas que justifican cada calificación
  • Limitaciones detectadas
  • Medidas correctoras
  • Responsables de cada medida
  • Fechas de aplicación
  • Comprobación de las medidas ejecutadas
  • Resultados de la reevaluación

La documentación debe ser proporcionada a los riesgos y a las necesidades de la organización.

No deben recogerse datos personales sensibles que no sean necesarios. Por ejemplo, una evaluación puede dejar constancia de que la plantilla no tiene acceso a un procedimiento adecuado para situaciones de crisis sin documentar las circunstancias privadas de cada persona.

Cuando proceda, las organizaciones deben incorporar los resultados de WMHSA a la documentación preventiva que ya exige la ley, como la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva.

Completar WMHSA no garantiza el cumplimiento legal. Aporta pruebas estructuradas sobre una parte del apoyo y la respuesta en materia de salud mental en el lugar de trabajo.